El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, levantó este martes 8 de septiembre de 2026 la suspensión general de los permisos para el porte de armas mediante el Decreto 1368. La medida, aplicada en todo el país, busca permitir que las personas que ya cuentan con permisos vigentes puedan portarlas, aunque deberán continuar cumpliendo los requisitos y controles establecidos por la ley.
La decisión no autoriza el porte indiscriminado de armas. El Decreto 1368 establece que únicamente podrán ejercer el porte quienes tengan un permiso vigente expedido por la autoridad militar, y este debe corresponder específicamente al arma autorizada. Además, quedan excluidos los permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, así como los casos en los que exista una prohibición legal o judicial. Los controles y requisitos establecidos por la legislación colombiana se mantienen.
La medida ha generado opiniones divididas. Mientras sectores cercanos al Gobierno la consideran una forma de facilitar la defensa de los ciudadanos, sus críticos advierten sobre los posibles riesgos de aumentar la presencia de armas entre la población civil. El debate se centra en cómo equilibrar la seguridad de los ciudadanos con la prevención de la violencia.
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