La exfuncionaria aceptó su responsabilidad por fraude procesal en medio de la investigación relacionada con los documentos académicos que presentó para acceder al cargo de viceministra de Juventudes.
Redactado por: Melanie Gonzalez
Juliana Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal, en el marco de la investigación por los documentos académicos que presentó para acreditar su formación y ocupar el cargo de viceministra de Juventudes. El acuerdo contempla una pena de tres años de prisión y ahora deberá ser revisado por la autoridad judicial competente.
El preacuerdo con la Fiscalía
La investigación contra Juliana Guerrero está relacionada con los títulos académicos que presentó durante el proceso para acreditar que cumplía con los requisitos necesarios para desempeñarse como viceministra de Juventudes.
En medio del proceso judicial, Guerrero firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó responsabilidad por el delito de fraude procesal. Según la información conocida sobre el caso, la conducta estaría relacionada con la presentación de los documentos académicos cuestionados dentro del trámite para acceder al cargo.
Como parte del acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, se estableció una pena de tres años de prisión. Sin embargo, el preacuerdo todavía debe cumplir con el trámite judicial correspondiente antes de que se determine su aprobación.
El caso tomó relevancia a raíz de los cuestionamientos sobre la validez de los documentos utilizados por Guerrero para demostrar su formación académica. Estos fueron presentados durante el proceso mediante el cual buscaba acreditar el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo en el Viceministerio de Juventudes.
¿Qué sigue ahora?
Tras la firma del preacuerdo, el proceso continúa en la etapa en la que la autoridad judicial deberá revisar las condiciones establecidas entre la Fiscalía y la defensa de Guerrero. La aceptación de responsabilidad por fraude procesal y la pena de tres años hacen parte de lo pactado en el acuerdo, pero su aplicación dependerá del trámite y la decisión judicial correspondiente.
El caso está relacionado con la etapa en la que Guerrero buscó acreditar su formación académica para desempeñarse como funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro.
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